Toda Sudamérica, con la obvia excepción de Colombia, rechaza la instalación y libre circulación de 800 soldados y 600 “contratistas” estadounidenses (personal de inteligencia, en buen romance) a través de siete bases militares en ese país. Los recelos son conocidos: Brasil teme que los norteamericanos se hagan con una plataforma desde la que podrían alcanzar la Amazonia y los nuevos yacimientos petroleros del Atlántico; Venezuela y Ecuador, directamente sospechan que el nuevo esquema supone una amenaza ampliada de invasión directa. El resto de los países, con la salvedad ambigua del peruano Alan García, se solidarizan con los países mencionados y tampoco desean estar sujetos al posible espionaje de los aviones y equipos estadounidenses, cuyos aviones espías podrían interceptar todas las telecomunicaciones del continente y cuyas tropas serían capaces de llegar rápidamente desde Colombia, en caso de conflicto, a cualquier punto de Sudamérica.
El acceso a largo plazo a las fuentes de provisión de energía y su rápido alcance en todo el mundo son parte esencial de las hipótesis de conflicto del Pentágono (con George W. Bush, con Barack Obama o con quien sea). De allí la necesidad de contar con bases en el exterior.
Justificando su alianza con Estados Unidos, Colombia argumenta que no tiene de sus vecinos la colaboración necesaria en la lucha contra las FARC. Más allá de lo amenazante de la presencia norteamericana y de las muchas cosas que hay para reprocharle, tiene razón en un punto: no se entiende porqué Argentina, Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia y compañía se niegan a calificar a las FARC de grupo terrorista. Seamos serios: ese grupo dejó hace tiempo de encarnar un proyecto político revolucionario, el impuesto a los narcotraficantes para financiarse ha pasado a ser una unidad de negocios propia y no hay lucha política que justifique las matanzas ni la toma masiva de rehenes civiles, algo que ha quedado expuestos, con sus detalles más macabros, a la mirada del mundo.
Álvaro Uribe (foto) sostiene también que hay un intenso trasiego de armas desde Venezuela hacia las FARC, sobre lo que no ha presentado pruebas concluyentes ni Hugo Chávez no ha entregado desmentidas comprobables. Segundo, las denuncias de aportes de las FARC a la campaña de Rafael Correa y de que Ecuador ofrece en el área fronteriza es un santuario para los rebeldes. Esto último, se recordará, motivó el 1 de marzo del año pasado una incursión colombiana (con denunciado apoyo norteamericano) en territorio ecuatoriano, hecho que derivó en la muerte del entonces número dos de las FARC, Raúl Reyes, y que puso a la región al borde de un conflicto armado.
Pero este asunto tiene un trasfondo: la carrera armamentista en la región.
Según datos del prestigioso Instituto de Investigación para la Paz Internacional de Estocolmo, el SIPRI, el gasto militar en Sudamérica totalizó en 2008 u$s 50.000 millones, muy por encima de los 39.961 millones de 2007 y el doble de los 25.000 millones de 2003. Un disparate en una región tan atravesada por la pobreza.
El año pasado, siempre según el SIPRI, los países de la región que más incrementaron su gasto militar fueron Brasil (32%),
Venezuela (29%, cuyas compras se dirigieron básicamente a Rusia, a quien Chávez hasta le ofreció bases en territorio y puertos de su país, y en segundo lugar a China), Bolivia (24%) y Chile (22%, gracias al presupuesto que las FF.AA. conservan desde el pinochetismo como parte de las ganancias del negocio del cobre, controlado por el Estado, todo un dato de política interna). Colombia “sólo” lo hizo en un 13%, por debajo incluso de la Argentina, cuyo gasto creció 18%.
Pero esas cifras no cuantifican el aporte de Estados Unidos al poder bélico colombiano, ni que si se consideran esos gastos en función del PBI de cada país, Colombia sube al segundo lugar del ránking.
En efecto, según ese parámetro, el líder en la carrera armamentista en 2008 fue Chile, que destinó a ese fin un impactante 3,73% de su Producto. Lo siguieron Colombia (3,34%), Ecuador (2,01%) y Brasil (1,70%). Por detrás de Uruguay (1,56%) y Paraguay y Bolivia (1,55% en ambos casos), aparecen Venezuela (1%) y Argentina (0,87%). Así se redondea un panorama bien diferente.
¿Por qué Venezuela, y en menor medida Ecuador, también se arman?, se pregunta el gobierno de Colombia. Más allá de la psicología de Chávez, éste esgrime que convive con una fortaleza militar que es, además, una sucursal del “imperio”, a la que ve como una plataforma gigantesca para una eventual invasión contra sus yacimientos petroleros o incluso contra su gobierno.
Así, en base a este tipo de recelos, se construyen las carreras armamentistas y hasta las guerras. Ojalá que la bomba de tiempo aún se pueda desactivar.