Cuando en marzo de 2008 Raúl Castro anunció que se eliminarían las restricciones al alojamiento de cubanos en hoteles de cadenas internacionales y a la compra de teléfonos móviles y electrodomésticos, buscó, sobre todo, dar una señal. Era obvio que era cercana a cero la capacidad real de los ciudadanos de acceder a bienes y servicios verdaderamente suntuarios en un país en el que el ingreso promedio orilla los 17 dólares mensuales. Pero la medida tenía una potencia simbólica, toda vez que removía, aunque fuera en lo formal, desigualdades muy resistidas.
Pero si de limitaciones irritativas se trata, nada supera en Cuba la de no poder viajar al exterior. La necesidad de pasar por las oficinas del régimen comunista para obtener un permiso de salida, frecuentemente desairada por el burócrata de turno es, para la mayoría, el rasgo más inexplicable y anacrónico de un régimen que tiene demasiado de ambas cosas.
Tanto es así que hasta uno de los embajadores artísticos más emblemáticos de la Revolución, Silvio Rodríguez, declaró ya hace tres años que «el permiso de salida y de entrada debería abolirse completamente».
El caso de la médica Hilda Molina, que enfrentó al Gobierno kirchnerista y La Habana hasta hace casi dos años, cuando la mujer fue finalmente autorizada a viajar a nuestro país, fue ilustrativo de cómo el régimen utiliza ese poder como mecanismo de represalia ideológica contra los descontentos. Aprovecha, en definitiva, la insularidad cubana para convertir al país en una gigantesca cárcel rodeada de mar.
Por eso se destaca el anuncio de ayer: los viajes serían liberados, al menos para quienes aleguen fines turísticos. Una veta que podría, sólo si todo sale de la mejor manera posible, terminar de hecho con aquella rémora del peor stalinismo de la Guerra Fría.
Raúl Castro, él mismo lo ha dicho, es consciente de que la alternativa para el modelo socialista es reformarse o morir. Pero esa disyuntiva, así planteada, esconde los motivos del fracaso oficial en resolverla. Es que no se la presenta como la encrucijada de un país sino como la de un régimen, lo que lo deja a Castro fatalmente a merced de un aparato político deseoso de mantener los privilegios de sus burócratas como de sus propios prejuicios ideológicos.
¿Qué busca Raúl Castro? ¿Una reforma económica real o una suerte de decadencia administrada? ¿Una apertura política o el resquicio para paliar en algo un aislamiento internacional ya asfixiante? ¿Una suerte de «segunda revolución» o apenas una pausa para que, consuelo ínfimo, la vieja guardia de octogenarios que acaba de ser presentada al país en clave de «renovación» de la conducción no se vea obligada a ser testigo del naufragio?
Los datos son siempre contradictorios, lo que sugiere que estamos ante un proceso abierto, que la comunidad internacional haría mal en ignorar.
Por un lado, a los mencionados permisos al consumo, se suman, entre otros elementos, facilidades para el trabajo agrícola, la autorización para la compra-venta de inmuebles y vehículos y, sobre todo, gestos trascendentes como la liberación de casi 200.000 licencias de trabajo por cuenta propia en 178 actividades, con la posibilidad, en 83 de ellas, incluso de contratar empleados. Pero este conato de capitalismo es rápidamente sofocado con regulaciones e impuestos imposibles a fin de evitar (Dios no lo permita) el surgimiento de una burguesía.
Es posible imaginar a mediano plazo qué tendencia primará. El Estado ha caído en una crisis tal que el reciente VI Congreso del Partido Comunista debió aprobar los planes oficiales de reducir la libreta de racionamiento y el gasto en salud y educación, emblemas todos de la Revolución. Y, además, la intención oficial de recortar un millón de empleos públicos en cinco años, una enormidad en un país pobre de once millones de habitantes. Las trabas al despegue de un sector de emprendedores explican que dicho plan, que suponía que para marzo último debían ser 500.000 los estatales exonerados, apenas haya podido concretarse en un 20%. El riesgo de una crisis social y política de proporciones hace imposible avanzar en esa reforma si no se introducen en serio mecanismos de mercado en la isla. Y el mercado trae, se sabe, la emergencia de una clase propietaria.
En lo político, las zanahorias de España y los palos que amenazaba con asestar la Unión Europea al final del camino permitieron que Castro liberara a un centenar de presos políticos. Pero (siempre hay un pero en esta historia) el domingo murió en Santa Clara el disidente Juan Wilfredo Soto, según la oposición por una golpiza que le propinó la Policía. El régimen negó la versión, pero lo que no pudo ocultar es el hecho de que, por lo menos, el desenlace fatal se precipitó por la decisión de detener a un hombre severamente enfermo que solamente estaba manifestando su descontento en un parque. Determinación lamentable anticipada por el propio Castro en el Congreso de abril, en el que aseguró que no permitiría a la oposición adueñarse del espacio público.
El miércoles último, Yoani Sánchez, autora del notable blog Generación Y, ganadora de los premios de periodismo Ortega y Gasset y María Moors Cabot y colaboradora de este diario, escribió en su cuenta de Twitter: «No se vayan a burlar 🙂 pero hoy nuevamente es el día que debo volver a oficina para recibir una respuesta a mi permiso de viaje». Quería ir a Dinamarca a recibir el premio CEPOS a la libertad.
A eso siguió una cascada incontenible y angustiosa de mensajes lanzados al mundo exterior. «Ya tengo respuesta: me niegan otra vez el permiso de salida. NADA HA CAMBIADO… ellos siguen siendo los mismos»; «Esta es la ocasión n° 15 en apenas 4 años que me impiden viajar fuera de la isla. Restricciones migratorias = venganza ideológica»; «No hay un solo argumento para justificar por qué los cubanos no podemos entrar y salir libremente de nuestro propio país».
Ayer, tras la noticia que nos ocupa, Yoani escribió. «Me he convertido sin quererlo en botón de prueba del tema migratorio. Cuando pueda abordar un avión empezaré a creer que algo cambia». Que así sea, y pronto.

(Nota publicada en Ámbito Financiero).