En base a argumentos falaces, el otrora presidente izquierdista José Mujica se afanó al máximo para evitar que el Parlamento anulara la Ley de Caducidad (amnistía), pero a los fallos de la Corte Suprema que la habían declarado inconstitucional la norma y el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que había conminado a al Estado uruguayo a investigar el caso Gelman y sancionar a sus responsables. Tu éxito en su ofensiva, aunque fingió lamentarlo. Cosas de la vida.
Pero, en llamativa coincidencia, la misma Corte Suprema que había fallado reiteradamente contra una ley que es un mamarracho jurídico (entre otras cosas le da al Ejecutivo poderes judiciales, al permitirle decidir qué casos se pueden investigar y cuáles no) termina de darle un golpe de gracia a la esperanza de saldar el pasado con justicia. Hoy ratificó un fallo de unos días atrás en el que, si bien la ley de Caducidad es considerada inconstitucional, los crímenes de la dictadura (1973-1985) son presentados como delitos comunes y no hechos de lesa humanidad.
El argumento es que la desaparición forzada no era una figura jurídica al momento de cometerse esos crímenes, por lo que todos los casos no son considerados imprescriptibles y, de hecho, dejarán de ser perseguibles el próximo 1 de noviembre.
El fallo, de más está decirlo, va contra los tratados internacionales firmados por el país y contra toda la jurisprudencia en la materia. Tanto es así que aun hoy se siguen realizando juicios a exjerarcas nazis capturados por crímenes cometidos antes de 1945.
Las idas y vueltas jurídicas y políticas del Uruguay en la cuestión marcan un notable fracaso del Estado en materia de derechos humanos. Un fracaso que no es, como le gusta decir al Presidente, de la «justicia para atrás», sino que lo es para el presente y para el futuro. La cuestión de «mirar adelante» es verdaderamente una pavada que encubre intenciones políticas inconfesables: todos los delitos son pasado cuando se los juzga. Y denegar el acceso a la acción reparadora de la Justicia es una violación de los derechos actuales y futuros de los ciudadanos.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, dijo el lunes en Ginebra sobre el caso uruguayo que «las transiciones democráticas son incompletas si no pueden concluir las reformas institucionales apropiadas, incluidos los procesos judiciales».
«El fracaso en fortalecer las nuevas instituciones lleva no sólo a la impunidad de pasadas violaciones de los derechos humanos sino a nuevas violaciones, corrupción y crimen organizado», sentenció.