Una propuesta de incrementar la imposición a la producción agrícola más concentrada y rentable, un vicepresidente que hace causa común con el “campo”, una pelea entre este y el Presidente… La coyuntura uruguaya invita a los paralelismos, pero esto, como suele ocurrir, puede ser engañoso.
José “Pepe” Mujica, qué sorpresa puede caber a esta altura, muestra en estos días una de sus habituales oscilaciones. Hoy impulsa un impuesto a las propiedades superiores a las 2.000 hectáreas, convencido de que “hay que picanear un poco al que tiene poco y produce mucho”.

Se sabe que usó una figura campestre referida al modo de azuzar a los animales, pero la frase fue poco feliz, dada su defensa reciente de los picaneadores de verdad amparados en la salvada una vez más Ley de Caducidad.
Algo extraño, tratándose del mismo gobernante que se sorprendía tanto por el conflicto de la Resolución 125; el que, paternal, se paseaba por las pantallas de los canales de televisión, ajeno a lo que se jugaba en nuestro país, invitando a los argentinos a “quererse más”; el que se oponía a una propuesta de aplicar retenciones surgida dentro del Frente Amplio.
«Todo bien con esa propuesta, pero hay partes que no se dicen. ¿Quieren que tenga también la política cambiaria como la Argentina, con el dólar inflado y haciendo un proteccionismo feroz a la industria? ¿Vamos a hacer eso? ¿Funciona eso acá? Capaz que lo único que estamos haciendo si instrumentamos eso es engordar el Estado, que funciona mal», recitaba entonces el libreto ajeno del librecambio.
Ahora cambia y quiere gravar al campo más concentrado. Tanto es así que la Presidencia recordó ayer en un comunicado llamado “Tributación al agro” que “en los últimos 10 años el valor de la hectárea se multiplicó por 4,2, pasando (a valores de 2009) de US$ 740 a US$ 3.114, situación que no se reflejó en la carga tributaria del sector, ni en el valor de la contribución inmobiliaria. Si la contribución hubiese acompañado la valorización real de la tierra, el pago actual debería ser de US$ 16 por hectárea y no los US$ 4 que actualmente se tributan”.
“La valorización de la tierra no se reflejó en la tributación: la carga tributaria sobre el sector era 9,7% del PIB en 1999 y del 7,1% en 2009 (…) Los US$ 4 por hectárea que se pagan actualmente por contribución inmobiliaria equivalen a US$ 3,1 del año 1999”, agregó.
Bien. ¿Pero la idea es destinar esa renta recuperada a 1.200 empresas a planes sociales, al presupuesto de educación pública, al de salud, a infraestructura para zonas postergadas”. No, la idea es que se reinviertan en infraestructura en beneficio de los productores.
Así lo dijo el propio mandatario: «Una manito para mejorar las vías de comunicaciones interiores, para distribuirlos y que haya una comisión en la que haya un delegado de Obras Públicas, de la Intendencia y un productor rural elegido por la gremial de la zona. Y esa comisión que sea la encargada de arreglar los caminos. Esa es la propuesta en primera instancia, en el primer año. El segundo año, una parte de esos 60 millones de dólares que pedimos se podría gastar en parte en colonización y para enfrentar los problemas del clima. Si son grandes productores se matan de risa, si son especuladores nada más, les va a doler. Entonces tienen que producir o darles otro destino» aclaró.
En algo, con todo hay que darle la razón a Mujica. Por más que dé esa justificación, por más que sobreactúe innecesariamente al dar indebida voz y voto en el manejo de fondos fiscales a “un productor rural elegido por la gremial de la zona”, lo cierto es que el dinero es fungible y que, destinando esos fondos a caminos rurales, liberaría recursos equivalentes del Presupuesto para otros fines. En este punto entra a jugar el vicepresidente, Danilo Astori, garante de última instancia de la comunidad de negocios.
Según explicó, “me preocupa particularmente presentar un tributo de este tipo (…) es cambiar las reglas de juego, en el sentido de que un sistema que apunta al ingreso no es muy consistente con un sistema que ahora gravaría la tenencia”.
Lejos de cualquier paralelismo con la Argentina, la propuesta de Mujica llama la atención, en el contraste, por su minimalismo. Además, el vice oriental cumple cabalmente, a diferencia del argentino allá por 2008, con el rol para el que fue incluido en la fórmula: contrapesar a un presiente que se temía imprevisible y “demasiado de izquierda” (Legrand dixit).
No se trata aquí de la pedantería de juzgar quién tiene razón y quién no; que Uruguay haga su camino. De lo que se trata es de observar el carácter mínimo del reformismo mujiquista, de que aun eso resulte intolerable, de cuánto se han corrido (y permitido que se corran) los límites del debate ideológico, de los roles de policía ideológica que se cumplen desde el interior de la propia alianza oficial.
Si una propuesta de introducción de un impuesto o la elevación de su alícuota, por moderada que sea, lleva a denunciar la violación de las reglas de juego… ¿cuál es el espacio que queda entonces para el reformismo? ¿Cómo se cambia la realidad, tal el ADN de la izquierda, si se cumple con el frenesí de los conversos con “las reglas de juego?
Y si esa misma alianza de izquierda también se divide a la hora de terminar con la impunidad de los picaneadores, desaparecedores y asesinos, si el propio Presidente se erige en garante de los “derechos humanos para adelante” a expensas de olvidar las ofensas del pasado, si, en definitiva, ignora u oculta que al hacerlo viola los derechos humanos del presente y del futuro por privar hoy a las víctimas del acceso al servicio de justicia, ¿qué queda?
Sin aspiración ya no revolucionaria sino apenas reformista, sin la bandera de los derechos humanos debidamente entendida, ¿cabe aún hablar de un gobierno de izquierda?
Acaso el Frente Amplio deba mirar hacia Chile para comprender adónde lo lleva su conducción. Si la idea es mimetizarse con el centroderecha, ¿por qué no pensar que más temprano que tarde una mayoría desencantada va a terminar prefiriendo al original que a la fotocopia?