A una crisis de larga data se suman decisiones del Presidente y de Toto Caputo. ¿Demolición planificada? El largo brazo del Fondo. Elecciones y después.
Una de las bombas de relojería ocultas en el plan de Javier Milei y Toto Caputo está plantada en el corazón del sistema de jubilaciones, crónicamente desfinanciado, pero que, debido a numerosas decisiones oficiales, corre el riesgo de un colapso significativo y de un subsiguiente proceso de reforma. Lo más probable, después de las elecciones, de la mano del FMI.
No se puede responsabilizar al Gobierno por lo que ocurre desde hace décadas, producto de una estructura económica desde 2011 ajena a un crecimiento sostenido y estragada por elevados niveles de informalidad del mercado laboral. Con una pirámide poblacional cada vez más añosa, con tasas de natalidad en caída y sin un financiamiento creciente, las cajas de la seguridad social se deterioran.
La inmigración regional podría aportar lo que la vocación de procreación de los argentinos no provea, pero nada sería solución sin una economía en crecimiento y con creación intensa de empleo formal.
El «aporte» de Javier Milei
En términos generales, se acepta que hacen falta entre tres y cuatro trabajadores formales en actividad para el sostenimiento de un jubilado en un contexto de sistema de reparto, pero la relación en la Argentina actual es de 1,4 aportantes por beneficiario. En el caso de los inscriptos en el régimen de monotributo, la proporción es enormemente más desfavorable: hacen falta los pagos de 34 de ellos para costear una jubilación media.
El enorme universo del empleo no registrado, en tanto, es directamente una desgracia para el sistema de solidaridad intergeneracional.
Lo que sí se le podrá achacar a la extrema derecha gobernante es haber actuado de modo procíclico ante esa tendencia de por sí adversa:
- El mercado formal de trabajo registra desde fines de 2023 una pérdida importante de empleos, producto, en buena medida, del proceso de desindustrialización en curso.
- Aumentan –como precaria compensación– el cuentapropismo y la uberización.
- Además, el diseño oficial contempla una reducción acelerada de gravámenes de afectación específica que contribuyen al financiamiento del sistema. A eso, aunque la cuenta resulte virtual, se podrían sumar los beneficios tributarios contenidos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y los esquemas que se derivarán de él.
- La reforma laboral reduce los aportes patronales.
- A eso cabe añadir toda una política y una narrativa tendiente más a prohijar la evasión que la recaudación.
- Y, por último, todo un diseño macro propicio para la caída del consumo y la actividad también degrada la recaudación general y, en lo particular, la destinada al sistema previsional.
El largo brazo del FMI
Es fácil imaginar que Milei plantee en el mediano plazo –si es que eso existe para él– una reforma previsional que vaya bastante más allá del deterioro actual de los haberes, de la reducción de prestaciones –por caso en materia de medicamentos subsidiados– y de la separación entre jubilaciones y asistencia a adultos mayores sin aportes suficientes.
Esa idea está plasmada en el acuerdo en vigor con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y fue ratificada en el informe a nivel de Staff correspondiente a la segunda revisión del programa en curso.
El organismo señala en ese documento que el Gobierno «sigue apuntando a un equilibrio fiscal general» y que, en ese marco, «se reconoce la necesidad de reformar aun más los marcos tributario, de pensiones y fiscal para fortalecer la solidez del ancla fiscal y la sostenibilidad de la deuda a mediano plazo».
La aplicación de la reforma sería, se descuenta, posterior a las elecciones del año próximo, lo que la dejaría sujeta a la reelección del Presidente o a presiones del organismo sobre quien, en el caso contrario, lo suceda.
¿Qué quedaría por tocar? Bastante. La equiparación de la edad de retiro de mujeres y hombres a los 65 años y, en general, un aumento de la misma que se justificaría en la mayor expectativa de vida. Además, el establecimiento de haberes diferenciales no sólo para quienes no alcancen los 30 años de aportes, como ya ocurre, sino también en relación con el tiempo de cotización efectivo en cada caso.
Jubilaciones en la licuadora
La explicación sería, dada la eventualidad, que la ANSES, que atiende a un universo de casi 7,5 millones de jubilados y pensionados, estaría quebrada. Más allá de la «maldita herencia», el Gobierno pone mucho de sí para llegar a ese estado de cosas.
La base del problema está dado por el hecho de que alrededor del 60% de los jubilados percibe el haber mínimo y que este se compensa con un bono especial. El primero alcanza este mes a $419.775,92, mientras que el segundo, de $70.000, no se actualiza desde marzo de 2024. Así, dado que la fórmula de movilidad sigue la inflación pasada, la licuación de los haberes se concentra en ese pago complementario.
De acuerdo con el economista Nadin Argañaraz, titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el gasto público nacional en jubilaciones terminaría el año 2% real por debajo del nivel de 2023.
Con independencia de eso, según datos de abril, la situación de los jubilados empeora conforme se desciende en la pirámide de ingresos.
Mientras los jubilados que perciben el equivalente a tres haberes mínimos experimentaron una mejora real del 7,8% contra noviembre de 2023, los que obtienen el más bajo perdieron 10,3%.
Si bien una inflación descendente propicia –al revés que cuando sube– una paulatina recomposición, el congelamiento del bono es el gran seguro de licuación implícito en el plan oficial.
Impuestos y jubilaciones
El principal punto de tensión del sistema es el peso creciente de su financiamiento vía impuestos y la reducción relativa del aporte proveniente del empleo formal, en un contexto de baja relación entre aportantes y beneficiarios.
El sostenimiento del sistema previsional argentino depende, en términos aproximados, en un 55% de los recursos provenientes del trabajo registrado y en el 45% restante de impuestos afectados al financiamiento de la seguridad social, aunque esa composición varía según el período.
Los trabajadores aportan al SIPA el 11% de sus salarios brutos, mientras que los empleadores realizan contribuciones patronales que, según el régimen aplicable, oscilan entre el 18% y el 20,4% de la masa salarial y financian distintos componentes del sistema.
El resto de los recursos proviene de impuestos como el IVA, el gravamen a los débitos y créditos bancarios y tributos sobre cigarrillos y combustibles.
El Gobierno y la bomba de tiempo
Por un lado, la persistente caída de la recaudación impositiva, producto de una actividad interna planchada, repercute de forma directa sobre la recaudación de los tributos de los que depende la ANSES.
Segundo, en paralelo a lo anterior, la dinámica –por llamarla de alguna manera– del mercado laboral en la era Milei hace que el reemplazo de aportes de trabajadores registrados por independientes fragilice de manera extra el sistema.
Un tercer y fundamental elemento está dado por la política de reducción de impuestos del Gobierno, que, más allá de sus méritos o deméritos caso por caso, tiene como efecto un progresivo desfinanciamiento de la seguridad social.
¡A desgravar, al desgravar!
La extinción del impuesto PAIS a la compra de dólares oficiales eliminó un flujo relevante de recursos; su recaudación había llegado a representar alrededor de 1,1% del PBI. A esta merma se sumaron otras modificaciones que afectan las fuentes de financiamiento de la seguridad social.
En el plano laboral, el Régimen de Promoción del Empleo Registrado, creado por la ley Bases, supuso una amplia condonación de deudas por aportes y contribuciones a los distintos subsistemas de la seguridad social, según el tamaño del empleador. También contempló la condonación de multas e infracciones vinculadas con la falta de registración laboral.
La ley Bases, además, amplió de tres a seis meses el período de prueba para los contratos por tiempo indeterminado, con posibilidades de extensión mediante convenios, y habilitó la figura del trabajador independiente con hasta cinco colaboradores. Estos cambios favorecen modalidades de contratación con menores obligaciones previsionales que las correspondientes al empleo asalariado tradicional.
A este conjunto de cambios se suma el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado por la ley de Modernización Laboral. El mecanismo establece una contribución obligatoria del 1% de las remuneraciones para las grandes empresas y del 2,5% para las micro, pequeñas y medianas. El Poder Ejecutivo puede elevar esos porcentajes hasta el 1,5% y el 3%, respectivamente.
La particularidad del esquema es que esos aportes tienen como contrapartida una reducción equivalente de las contribuciones patronales. En la práctica, cuando el esquema se ponga en marcha, una parte de los recursos que hasta ahora ingresaban al sistema previsional dejará de hacerlo y será canalizada hacia cuentas del FAL, administradas por entidades habilitadas, para afrontar futuras indemnizaciones laborales.
Las estimaciones disponibles ubican ese flujo potencial entre u$s 2500 millones y u$s 4000 millones, alrededor del 0,23% del PBI en términos anualizados. Vale destacar que el FAL todavía no se encuentra operativo: justamente por su impacto presupuestario, su entrada en vigor fue postergada hasta el 1° de noviembre de 2026.
En conjunto, estas medidas modifican distintas fuentes de financiamiento de la seguridad social: por un lado, mediante la pérdida de recursos tributarios; por el otro, a través de regímenes de regularización que reducen las deudas previsionales de los empleadores; y, finalmente, mediante el traslado al FAL de una parte de las contribuciones patronales que hasta ahora alimentaban el sistema previsional.
Todo apunta a un desfinanciamiento de la seguridad social. No sorprendería que en el futuro se presente el argumento de que el sistema está quebrado y no da para más. Entonces, cuando se vuelva a la carga con algún proyecto de reforma del gusto del FMI, será bueno recordar cuánto empeño le habrá puesto Milei a ese estado de cosas.
Marcelo Falak 